Con la inscripción de candidaturas ante el SERVEL, se ha iniciado un nuevo ciclo electoral
que culminará con un nuevo o nueva Presidente de la República a partir de marzo del 2026.
Si observamos el país que buscan gobernar y lo comparamos con dos ciclos atrás, cuando
corría el año 2017 y Michel Bachelet buscaba su segundo periodo a cargo del país, es
oportuno preguntarse si la grieta que dividía al país persiste y que tan cerca o lejos estamos
de cerrarla.
En ese entonces, el país registraba, según datos del Banco Mundial, un ingreso per cápita
de 14.879 dólares, mientras que el ingreso per cápita ajustado por poder adquisitivo era
de casi 24 mil dólares, pero donde el 53 por ciento de la población del país tenía ingresos
por debajo del sueldo mínimo, lo que representaba una fractura clara en la distribución de
los ingresos.
El año 2024, el ingreso per cápita en Chile, según cifras del propio Banco Mundial, alcanzó
a 16.709 dólares, y las proyecciones del Fondo Monetario Internacional sitúan el ingreso
per cápita en Chile ajustado por poder adquisitivo en 35.000 dólares estadounidenses
aproximadamente. Y según CASEN 2022 la mitad de los chilenos tienen ingresos por debajo
del salario mínimo.
En otras palabras, la fractura económica sigue intacta, en ocho años el ingreso per cápita
aumentó un 12%, mientras el per cápita ajustado por poder adquisitivo del país subió más
de 45%, pero no se movió la aguja en cuanto al porcentaje de la población que debe vivir con
el equivalente a un salario mínimo. Y ojo que esto no significa que los trabajadores
asalariados ganen menos del mínimo porque esos ería ilegal y eso no pasa, estoy hablando
del total de los chilenos, lo que incluye niños, jubilados, cesantes y trabajadores por cuenta
propia.
Los chilenos, al igual que en 2017, siguen altamente endeudados, con malos salarios, bajas
pensiones y extenuantes jornadas laborales. Pero la fractura no sólo es económica. Existe,
además, una fractura social. Menos de un dieciséis por ciento de la población tiene acceso
a la salud privada mientras la inmensa mayoría, un 84% de los chilenos, se atiende en una
salud pública que no logra responder a toda la demanda por prestaciones médicas. En 2017
la proporción era de 20% y 80% respectivamente, lo que significa que la cantidad de
chilenos que puede acudir a la salud privada va francamente a la baja y la salud pública se
ve presionada por una demanda creciente.
Hay otra grieta profunda que está dada por la centralización, existe un país para los
habitantes de la Región Metropolitana y otro país diferente para los habitantes de regiones.
Por ejemplo, en Santiago se anuncia la construcción de la línea 9 del Metro Subterráneo, un
moderno sistema de transporte público exclusivo para la capital, mientras en regiones no
existe ni media línea de metro y seguimos condenados al uso de vehículo particular o al uso
de buses, mini buses y taxis colectivos.
El único cambio positivo experimentado por la clase trabajadora en los últimos años dice
relación con la nueva contribución del 1% de cargo del empleador para mejorar las
pensiones actuales y futuras. Por su parte, la promesa de una jornada laboral más reducida
se verá reflejado a partir del próximo año con la disminución de la jornada laboral de 44 a
42 horas, la que llegará a 40 horas recién en 2028.
Ambas buenas noticias que buscan cerrar las grietas existentes en nuestro país están
directamente relacionadas con una de las abanderadas presidenciales, la ex ministra del
trabajo Jeanette Jara.
Es por ello que no resulta extraño que en el primer texto de Programa de Gobierno de la
candidata del bloque oficialista más la Democracia Cristiana se hable de salario vital de
750.000 pesos, iniciativa que apunta directamente a cerrar la grita económica existente en
nuestro país.
Espero que los restantes candidatos entren a este debate y se pronuncien derechamente
por estrategias que apunten a romper la grieta que divide a los chilenos, es una tarea
ineludible que no podemos seguir dilatando porque compromete el alma nacional que sigue
herida.
Gerardo Muñoz Riquelme
Abogado y magister en Gerencia Pública