Un año de investigación a cargo de la fiscal de Talca María Lorena González permitió que la Brigada de Delitos Económicos de la PDI pudiera detener a  39 personas, involucradas en la compra y venta de certificados de licencias de conducir profesionales. Desde el municipio de Pencahue un funcionario del Departamento de Tránsito y el concejal José Castillo figuran como los intermediarios para que las licencias fueron entregadas a cerca de treinta personas que no contaban con las condiciones de salud para terminar conduciendo furgones escolares, buses y camiones, entre otros.
  
Otros involucrados

En las diligencias también fueron detenidos los dos propietarios de la Escuela de Conductores Santa Juana de Concepción (una madre y su hijo), quienes facilitaban los certificados de licencias profesionales a pesar de que ninguno de los imputados había asistido a clases. La fiscal María Lorena González formalizó cargos en contra de todos ellos por delitos contemplados en la ley de tránsito, sumándose a los dos funcionarios municipales el ilícito de cohecho.

Pagos

Sobre la participación de la autoridad comunal, la fiscal señaló que "siendo una persona creíble la gente se acercaba a él para que les gestionara estos certificados de la escuela de Conductores  de Santa Juana ideológicamente falsos y les pagaban derechamente al concejal una suma entre los 200 y 300 mil pesos en algunos casos  y él recababa los datos de las personas y posteriormente gestionaba con la Escuela de Conductores estos certificados e incluso se los iba a dejar a sus propios domicilios.

Cautelares

El tribunal acogiendo los argumentos del Ministerio Público dispuso la prisión preventiva del concejal Castillo, mientras que para el funcionario del Departamento de Tránsito y los propietarios de la Escuela de Conductores se dispuso la firma diaria antes Carabineros y el arraigo nacional, fijándose además cuatro meses de plazo de la investigación.



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