La polémica surgió el 30 de mayo pasado cuando trascendió que la presidenta de la Fundación Urbanismo Social, Pilar Goycoolea, le envió una carta a la gobernadora regional, Cristina Bravo, explicándole que no era conveniente contratar al concejal por Curicó Javier Ahumada en la entidad, cuyos contratos con el Gobierno Regional son investigados por la Fiscalía, dejando entrever que la autoridad del Maule había propuesto el nombre del edil.
En el documento se explicó que "como directorio vemos incompatible la posibilidad de ser parte del proyecto cuando se está asumiendo una función pública de representación popular", agregando que en la iniciativa se gestionan procesos de participación ciudadana.
El siempre bien ponderado "pituto"
En la misiva, se señala que la postulación rechazada del edil era para el programa "Juntos y Juntas nos sentimos más seguros y seguras" (paradójico nombre), donde la fundación se había adjudicado 264 millones de pesos, lo que a todas luces deja al descubierto el "amiguismo" o "pituto" político, en este caso, beneficiándose a la Democracia Cristiana, uno de las colectividades que más adeptos ha perdido en el último tiempo.
