Hace algunas semanas se llevó
a cabo, en la ciudad de Panamá, el Primer
Conversatorio del Mecanismo de Diálogo Permanente de la Sociedad Civil con Gobiernos
de América Latina y el Caribe en el marco de la implementación del Pacto
Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (PMM), adoptado en la conferencia intergubernamental sobre migración en Marrakech, Marruecos, el 10 de diciembre
de 2018.
Fue la primera edición de esa interesante reunión, donde se abordaron dos temáticas relevantes en la región. Se trata de la reducción de las vulnerabilidades en la migración y de la integración socioeconómica de las personas migrantes.
Por su parte, la sociedad civil
estuvo representada por expertos de países como México, Venezuela, Brasil,
Honduras y Chile. En el caso de nuestro país, participó como panelista invitado
el abogado curicano Marcelo Barrios Orellana, quien es director de la ONG Cruz Andina y
que desde algunos años viene trabajando y desarrollando temáticas relacionadas sobre
migrantes y refugiados.
Los aportes y puntos de vista de
la jornada contribuyen a fortalecer
el diálogo entre representantes de gobierno y de la sociedad civil,
así como a identificar
oportunidades de sinergia, desafíos, buenas prácticas y lecciones
aprendidas para la implementación,
seguimiento y revisión del Pacto Mundial para la Migración, todo lo cual, oportunamente se dará a conocer a través del correspondiente informe
de la relatoría, en donde quedarán plasmadas las propuestas de acción y las
recomendaciones, así como las prácticas y las posibilidades de sinergia
derivadas del intercambio con un enfoque propositivo.
El profesional destacó
también la dinámica del conversatorio, la que se desarrolló en forma cordial
entre gobiernos y representantes de la sociedad civil, otorgando especial
relevancia al rol que tiene el mecanismo de sociedad civil para apoyar a los
gobiernos. “Ya que podemos conocer in situ las vulnerabilidades en la
migración, dado que los actores del mecanismo, son quienes más conocen de la
problemática y, asimismo, son considerados como interlocutores válidos para
participar en la generación de políticas públicas adecuadas”, indicó.