Durante el mes de febrero, habiendo superado el desafío de organizarse y darse un reglamento interno, han comenzado a votarse, en el seno de la Convención Constitucional, las primeras normas que serán parte del texto que deberá someterse al plebiscito de salida, para que, en definitiva, la ciudadanía exprese su voluntad en torno a una nueva Constitución.
Atrás
quedó el debate y la polémica respecto del quórum de aprobación de las normas y
las mesas lideradas, primero por Elisa Loncón y Jaime Bassa, y actualmente por
la odontóloga María Elisa Quinteros y por el médico Gaspar Domínguez, quienes se la
jugaron por no alterar las reglas del juego, lo cual implica que las normas deben
ser aprobadas por dos tercios de los integrantes de la Convención, en otras
palabras, sólo ingresarán al texto final aquellas normas que logren alcanzar un
mínimo de 103 votos. Y contra los pronósticos más pesimistas, ya tenemos diferentes
artículos que superaron la barrera y podemos decir, con renovada esperanza, que
tenemos nueva Constitución a la vista.
Conforme
al reglamento de la Convención, las normas que no alcanzan el quórum, pero superan
la mayoría absoluta del pleno, regresan a las comisiones en busca de un nuevo
acuerdo o una mejor redacción que permita superar la barrera de 2/3 de los
convencionales.
En
términos deportivos, comenzó el partido de verdad y es hora de poner la pelota
contra el piso con serenidad y visión de juego. Ya no es tiempo de jugar solos,
esconder la pelota o llevársela para la casa, cual muchacho amurrado que se
enoja porque se ve superado y está perdiendo el partido. Digo esto porque la
ciudadanía quiso que ningún grupo político tuviera derecho a veto, en efecto
ningún partido o movimiento tienen por si solo el tercio que permitiría
bloquear los acuerdos, razón por la cual, el único camino posible es dialogar,
persuadir y construir acuerdos de mayorías.
Este
hecho político, que por primera vez la derecha política no tenga la capacidad
de vetar normas o transformaciones, nos pone ante la oportunidad histórica de
diseñar un nuevo pacto social y, en ese sentido, la nueva Constitución tendrá,
y en hora buena, aires refundacionales. Esto no significa que Chile parta de
cero, la historia siempre será un factor relevante para pensar el futuro.
Debemos mirar nuestra historia para no repetir los errores que en el pasado
llevaron al quiebre de la democracia o nos apartaron del camino del progreso y
la justicia social.
Según la encuesta CADEM, el nivel de confianza en la Convención alcanza el 50 por ciento y esta
cifra debería aumentar en la medida que sigan aprobándose normas por amplia
mayoría y, especialmente, si las normas aprobadas representan algo diferente a
la vieja Constitución de 1980 y refuerzan el concepto de Estado Social de
Derechos, muy en sintonía con el amplio clamor ciudadano por mayor dignidad que
movilizó a miles de compatriotas después del estallido social.
Para
quienes vivimos fuera de Santiago es una muy buena noticia la aprobación de los
llamados Estados Regionales, norma que busca fortalecer la autonomía y
competencias de los gobiernos locales, dotándolos de personalidad jurídica,
patrimonio propio, y un conjunto de competencias que permitan mejorar
efectivamente las condiciones de vida de las personas. Sin embargo, no ha
pasado la barrera de los 2/3 la norma que reconoce facultades legislativas a las Asambleas Regionales. Sin esta facultad, el Estado Regional sólo tendrá el nombre de tal, pero la descentralización tendrá
que seguir esperando.
Hasta
aquí el proceso está avanzando de acuerdo a lo esperado y se aprecia un alto
nivel de consenso en torno a los principios fundamentales que deben estar
reconocidos en una nueva Constitución. También está claro que esta Constitución
debe reconocer y garantizar un trato justo a los pueblos originarios, por
tantos años discriminados en nuestra institucionalidad. Aquí el desafío es
encontrar el justo equilibrio entre reconocimiento y trato digno, pero sin
establecer un Estado dentro del Estado, Chile es y debe ser uno solo.
Hasta
ahora han surgido dos grandes discrepancias, la primera en torno a la posible
existencia de parlamentos regionales con facultades legislativas y la segunda
en torno a la eliminación del Senado para consagrar un Congreso unicameral.
Espero
que estas diferencias se resuelvan por la vía del diálogo y la confrontación de
argumentos y no por la vía de la descalificación o la defensa corporativa de
instituciones y privilegios. Un Estado
necesita equilibrios entre poderes, pero muchos países optaron por un Congreso
Unicameral y el contrapeso con el poder ejecutivo ha funcionado a la
perfección. Me quedo con una frase del constituyente del Maule Christian Viera:
"el desafío del proceso constitucional es redistribuir el poder". Más
poder a las regiones, más poder a los gobiernos locales y más poder a la
ciudadanía.
Gerardo Muñoz Riquelme
Abogado y magister en Gerencia Pública