Hechos que podrían ser constitutivo de delitos habría en la relación que tuvo el GORE del Maule y la fundación Urbanismo Social, por lo cual la Contraloría General de la República decidió remitir los antecedentes al Ministerio Público.
Una de las anomalías
tiene que ver con que el Gobierno Regional tenía pensado traspasar 265 millones
de pesos a la entidad social, pero para ellos “recomendó” la contratación de
determinadas personas, lo que podría ser una falta a la probidad.
Amistades peligrosas
Las personas que iban a
trabajar en esa iniciativa son Aily Soto, Rodrigo Véliz y Javier Ahumada. Los
dos primeros tienen vínculos familiares con directivos del Gobierno Regional y el
tercero es nada menos concejal curicano y precandidato a la alcaldía por la
Democracia Cristiana.
El contralor general,
Jorge Bermúdez, dio a conocer esos antecedentes ante la comisión investigadora
de la Cámara de Diputados, donde recomendó que la Fiscalía debe investigar los
hechos y que podría sumarse el Consejo de Defensa del Estado, pues podría haber
un desmedro en el uso de dineros fiscales.
