La acción legal fue interpuesta en el Juzgado de Garantía de Curicó por la Fundación Libera contra la trata de personas y la esclavitud en todas sus formas.
La directora de esa organización, Carolina Rudnick, contó que la querella va dirigida contra el fiscal jefe de Curicó, Miguel Gajardo, y el fiscal regional, Julio Contardo, por obstrucción a la justicia y por prevaricación administrativa.
"Estos dos delitos se dan en el marco de una investigación por trata de personas con fines de trabajo forzado del año 2020, en la cual por instrucciones del fiscal nacional, a propósito de una reclamación que presentamos, se abrió la arista de cohecho", indicó.
Puntualizó que ese último ilícito se habría concretado por la gobernadora provincial de Curicó de esa época, Macarena Pons, "junto con contratistas agrícolas para captar, engañosamente a trabajadores extranjeros haitianos y venezolanos".
Carolina Rudnick recordó que la arista del cohecho estuvo a cargo de Miguel Gajardo, donde el 2024 y 2025 se presentaron varios antecedentes que demostrarían la participación culposa en delitos de corrupción.
"Habiendo diligencias pendientes, descubriéndose los distintos antecedentes, el fiscal cierra la causa repentinamente, decreta el archivo provisional y oculta dos declaraciones de imputados principales que se habían solicitado", dijo.
La directora de la Fundación Libera agregó que esa acción fue reclamada al fiscal regional, quien validó la decisión de no seguir adelante con el caso.
Por tal motivo, precisó, que presentaron la querella, donde se pidió la declaración del exfiscal nacional, Agustín Meléndez, de abogados nacionales del Ministerio Público y el Instituto de Derechos Humanos.
