El Primer Juzgado de Letras de Curicó resolvió acoger la demanda civil presentada por Makarena Andrea Zamorano Santelices en contra de un urólogo y el centro asistencial por un, presunto, error médico registrado el año 2014.
Según el fallo, al cual tuvo
acceso nuestro medio, en junio de ese año, la paciente tenía un embarazo de
20 semanas y acudió a emergencias del Hospital de Curicó por fuertes dolores en
sus riñones, donde se le diagnóstico una obstrucción en la vía urinaria derecha
e inflamación del riñón, por lo cual le administrado el antiespasmódico
“Viadil” para calmar los dolores. Además, se le realizaron exámenes, lo cuales
arrojaron que tenía cálculos renales, por lo cual era recomendado instalarle un
catéter, el cual sería retirado en noviembre.
Luego de un par de
semanas, la mujer sintió otra vez dolores y decidió tener su bebé por cesárea a
las 39 semanas de gestación para así facilitar el retiro del catéter. Aunque
continuaban las molestias, se aguantó hasta noviembre como lo había acordado
con el doctor.
El 20 de ese mes, el
médico la revisa y se da cuenta que el catéter estaba en muy malas condiciones.
“Revisó los exámenes y se dio cuenta que el pig tail (catéter) se calcificó,
exclamaba que cómo habían esperado tanto, y su representada le explicaba que él
lo había indicado”, dice uno de los párrafos de la demanda.
Tras algunos intentos
fallidos, Makarena Zamorano Santelices entró a pabellón. Sin embargo, la
operación se complicó. Incluso, en el documento se señala que el médico dijo que
“no seguirá con el procedimiento ya que había pedido el pabellón por 20 min,
que la vejiga y riñón estaban "hechos pebre, que tenía la embarrada".
De urgencia a Santiago
Tras ser dada de alta, la mujer llegó a su casa y volvieron los dolores, acompañados por sangramiento. Su familia decidió llevarla de urgencia a la capital y en el Hospital San José no la pudieron atender por falta de camas, por lo cual fue trasladada a la Clínica Bicentenario, donde le pudieron quitar el catéter y los cálculos que la tenían muy mal de salud.
Tomando en cuenta que la
intervención en un recinto privado dejó una deuda millonaria, la paciente
curicana demandó al Hospital de Curicó por negligencia médica por 110 millones
de pesos por daño moral y daño emergente. No obstante, en el fallo de primera
instancia se ordenó el pago de 11 millones más las costas del caso.
Conformidad por dictamen
El abogado de las afectadas, Leonardo Fuentes, señaló que se
encontraban relativamente
satisfechos por la sentencia, en donde se acreditó por parte del tribunal de
primera instancia la falta de servicio.
El profesional apuntó que por una mala atención, su
representada debió buscar ayuda en la capital. “ Se vio obligada a concurrir a
Santiago donde solo una clínica la recibió a raíz de la negligencia que sufrió,
y que finalmente fue esta clínica la que exitosamente logró extraer el pig tail
recibiendo el alta médica, debiendo la madre de la víctima endeudarse por la
atención recibida por su hija”, indicó.
Sobre la indemnización, Fuentes contó que son cinco
millones de pesos por daño moral sufrido por Makarena Zamorano y un millón para
su mamá, Raquel Santelices, por ese mismo concepto. Además, esta última deberá
recibir otros cinco millones por daño emergente.
El abogado agradeció las gestiones de la Fundación
Justicia por Amor (que apoya a víctimas de negligencias médicas) y puntualizó
que “ninguna suma de dinero será suficiente para reparar todo el dolor sufrido,
pero confiamos que la declaración realizada por el tribunal en cuanto reconoce
la falta de servicio por parte del hospital ayudará a encontrar tranquilidad y
justicia de nuestros representados”.
Agregó que aún hay recursos pendientes por ambas partes que deben ser vistos en
la Corte de Apelaciones de Talca, por lo que todavía falta camino por recorrer.
Nuevo revés
No hay que olvidar que hace un par de semanas, se conoció que también el
mismo tribunal curicano condenó al Hospital de Curicó a pagar una indemnización
de 160 millones de pesos por daño moral a la familia de Benedicta de las
Mercedes López Valenzuela. En ese caso se acusó al recinto asistencial de
incurrir en una falta de servicio hospitalario con la paciente, quien
fue diagnosticada el 15 de junio de 2013 por litiasis obstructiva en tercio
distal uréter derecho que pese a los procedimientos y tratamientos médicos
aplicados no eliminó la litiasis descrita. La defensa de la mujer precisó que hubo una
ausencia de controles relacionados con la afección y durante más de un año no
fue evaluada por el Servicio de Urología a pesar de que el hospital estaba en
total conocimiento de que la paciente mantenía en su organismo el cálculo
detectado, por lo que se estima que no se tomaron las providencias necesarias
para poder dar un tratamiento efectivo y oportuno a la paciente.
Leonardo Fuentes
