A través de un comunicado de prensa, la municipalidad de Curicó respondió a un dictamen de la Contraloría Regional del Maule sobre el traspaso de los trabajadores que mantienen las áreas verdes de la Corporación Somos Pro al municipio.
Según el documento, ellos tienen sus puestos asegurados. “Su empleo está protegido y sus derechos no están en discusión. Lo que hoy se debate es una controversia jurídica entre el municipio y la Contraloría que no compromete en caso alguno su continuidad laboral ni de sus derechos laborales”.
En el escrito, se argumenta que el ente fiscalizador se contradice, pues en un informe de 2025 “se objetó los contratos irregularmente suscritos entre la administración anterior y la Corporación Somos Pro, dando origen al proceso de regularización que hoy cuestiona".
En el marco de esa regularización, el municipio constató que la misma administración anterior no exigió a la corporación una boleta de garantía que permitiera enfrentar las responsabilidades laborales derivadas de la subcontratación, conforme a las normas del Código del Trabajo.
"Esa deficiencia hace inviable finiquitar a los trabajadores y mantener operativo el servicio ya que el costo comprometido bordea los $800.000.000, mientras que solo se resguardó esa eventual responsabilidad con un instrumento comercial por un monto que no alcanza ni a un cuarto de la cifra señalada”.
En ese sentido, la municipalidad lamentó que “quienes fueron parte activa en la creación de este problema, hoy se desentiendan de sus responsabilidades y expongan gravemente el patrimonio municipal y los derechos laborales de 300 trabajadores”.
Muy confiados
No obstante esa postura oficial, algunos concejales afirmaron que ellos votaron el traspaso de los trabajadores de la corporación al municipio, pues confiaron en informes oficiales.
En el último concejo municipal, Ivette Cheyre indicó que “votamos en plena confianza según el informe del director jurídico, Felipe Canteros. Entonces, cuando nos dicen ya y uno que la Contraloría dice que no se pueden contratar por programas las áreas verdes, pucha, nosotros confiamos y votamos en función de eso”.
En tanto, el concejal Francisco Sanz se sumó a esa postura en cuanto a que respaldaron el traspaso sin reparos.
“Tengo un grado de molestia porque confíe en un asesoramiento jurídico que, incluso, dijeron que era un informe jurídico casi perfecto y que la verdad tuvo un revés en la Contraloría”, alegó.
