Por caja fueron cobrados dos pagares en el Banco BCI de Curicó que sumaron casi 30 millones de pesos. Hasta ahí nada raro, pero los documentos presentaban firmas falsas autorizadas por la notaría Domínguez y con el visto bueno de ejecutivos de la entidad bancaria. Tras años de investigación, el ministerio Público solicitó cerrar la causa al tribunal de Garantía  debido a que no perseverará, lo cual fue acogido. Lo paradójico es que en la audiencia el abogado de la fiscalía Adolfo Yañez, reconoció la existencia del delito, pero agregó que no tienen a quién culpar, es decir, acá ¿actuaron fantasmas?


"La guerra no la hemos perdido"

El abogado querellante,Juan Bravo, lamentó la decisión del organismo persecutor, pues se comprobó la falsificación de instrumento privado mercantil y la apropiación indebida. "Se llegó a la decisión de no perseverar debido a la ineficiencia de parte del ministerio Público. Si bien se hicieron todas las diligencias  solicitadas por la parte querellante, éstas solo se hicieron para cumplir porque en ningún momento se le dio una dirección a la investigación", dijo. El profesional adelantó que presentarán una ampliación de la querella para reactivar esta causa. "Perdimos una batalla pero la guerra no la hemos perdido. Nosotros tomaremos las riendas de la investigación", aclaró.



"No quiero pensar en que hay manos negras"

El afectado en esta causa es el microempresario curicano Juan Campos Villaseca, quien criticó el trabajo del ministerio Público y precisó que si tiene que llegar al ministro de Justicia, lo hará.
"Para mí no esa nada nuevo lo que pasó. El fiscal Juan Pablo Araya es muy ineficiente, una persona que no hizo ninguna diligencia y se lo podría decir en la cara. Es lamentable porque la reforma ofreció otro tipo de servicio y otro apoyo para las víctimas. No quiero pensar en que hay manos negras, pero esto da para mucho", reconoció.


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