El sábado 20 de junio pasado,  Camila Stuven Vásquez recibió una llamada telefónica desde la Seremi de Salud del Maule para notificarla de que padecía Covid-19. Ella contó que vivía con su pareja, Ivo Cancino Brito, y su hijo Pascual, de dos años.  En el documento judicial se agrega que la persona que estaba llamando, le indica que deben irse los tres a cumplir la cuarentena en una residencia sanitaria ubicada en el Hotel Santa María, comuna de Panimávida. “El domingo 21, fue contactado telefónicamente Ivo Cancino, quien les comentó que no era necesario trasladarse debido a que ellos viven los tres solos y que en su casa pueden realizar la cuarentena de forma segura y cómoda, más que todo, por lo que significa irse a un lugar desconocido por a lo menos 14 días y con un niño de dos años”.


Susto

El hombre preguntó, ¿qué sucede si no queremos ir a la residencia y queremos cumplir nuestra cuarentena en nuestra casa, por encontrar innecesario el traslado? A lo que le respondieron que no era decisión de ellos y que si no cumplían con la instrucción se verían obligados a solicitar que Carabineros los fuera a buscar a la casa por la fuerza. Para evitar esa situación, accedieron a que los llevaran y al momento de ingresar los acompañaron a una habitación, la que contaba con nada más que dos camas y un televisor, y les ordenaron no salir ni asomarse fuera de la habitación por los 14 días que durara su cuarentena, manteniéndose encerrados en todo momento. La familia reclamó que el domingo 21 no recibieron almuerzo y que “más de seis horas sin comer, especialmente Pascual, su hijo de dos años. Los amparados trataron de comunicarse con la encargada de la residencia, pero recién en horas de la tarde pudieron conversar con ella y expresarle su punto de vista. La funcionaria, en forma personal, les dio la autorización para que se pudiesen retirar de la residencia y cumplir su cuarentena en su domicilio, sin perjuicio de lo cual, no les aseguró que pudiesen eventualmente ser detenidos en forma posterior.


Poco coherente

El abogado de la familia, Fernando Leal, calificó como poco coherente “que personas que tienen los medios económicos y logísticos para pasar la cuarentena en su hogar, se les obligue  ir a una residencia más aún con un niño de dos años”. El profesional alegó que sus representados están temerosos, por lo cual han interpuesto el recurso de amparo “a fin de que las autoridades den las explicaciones del caso. Acá se ha afectado claramente el derecho a la libertad personal, más aún cuando se les dice que se pueden ir, pero que eventualmente pueden ser llevados nuevamente”.



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