“Para el 2021 la provincia de Curicó tendrá una demanda de dos mil centros de prácticas para estudiantes de liceos técnico-profesional, 150 más que este año. Esto es un contexto de pandemia requiere, sin lugar a dudas, una presencia del Estado de gran envergadura”. De esa forma, Pablo Chávez retrata su preocupación por un tema que ha estado estudiando desde septiembre, cuando se avizoraba que el Covid-19 no cedería a final de este 2020.

El Consejero regional puntualizó que “recibí muchas consultas acerca de cómo se cerrarían los procesos formativos de los jóvenes de liceos técnicos en medio de la pandemia y me comprometí a revisar el asunto. A principios de octubre, envíe un oficio a la seremi de Educación para obtener los datos concretos y observar el panorama general que tenemos en esta materia”. 

Una vez obtenidos los datos, junto a su equipo, elaboró un informe que entregó personalmente al presidente de la comisión de Educación del Consejo Regional del Maule para comenzar a tomar cartas en el tema. “Cuando analizamos los datos entregados por la seremi de Educación, nos dimos cuenta que Curicó es la segunda provincia con mayor demanda de centros de práctica después de Talca, concentrando el 34 por ciento de la prácticas profesionales requeridas a nivel regional. Pero no solo eso, nueve de cada 10 jóvenes tienen algún grado de riesgo social, medido por el índice de vulnerabilidad escolar. Esto es muy preocupante”, acotó.

Trabajo con comisión de Educación

Pablo Chávez afirmó que para nadie es un misterio que la pandemia ha deteriorado notablemente la economía, trayendo consigo la quiebra de empresas, pérdida de puestos de trabajo y, en consecuencia, la disminución de centros de práctica; además del permanente riesgo sanitario para los alumnos. Sin embargo, indicó que “independiente de este escenario adverso, si  no hacemos nada, estos jóvenes vulnerables no podrán habilitarse para ejercer los oficios que han estudiado. Es por ello que estamos trabajando con la comisión de Educación del Consejo Regional para elaborar una propuesta orientada a generar asociaciones público-privadas que incentiven la incorporación de practicantes, con miras a que puedan culminar sus procesos formativos lo antes posible y así puedan ingresar al mundo laboral”.



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