El anfiteatro de la alameda Manso de Velasco fue el lugar elegido para presentar a los candidatos a constituyentes, alcaldes y concejales de la Federación Regionalista Verde Social. El lanzamiento de la campaña fue encabezado por el presidente de la entidad, diputado Jaime Mulet, quien reconoció que están muy optimistas para el futuro desafío electoral. “El concepto de nuestra campaña dice por un Chile más digno, más verde, construyamos en comunidad. Ahí está el extracto de lo que queremos que es hacer un cambio profundo en Chile en la mirada de hacer política desde el territorio, defendiendo la dignidad de la gente y el entorno con la ecología, por eso ponemos el realce también en lo verde”, dijo. El parlamentario invitó  a la ciudadanía a sufragar en abril próximo para poder concretar las modificaciones que se quieren realizar en nuestro país. 


Carta importante

Entre los asistentes destacó la presencia del candidato a gobernador regional Manuel Améstica, quien admitió que su colectividad tiene un gran desafío en las urnas. “Somos un partido absolutamente nuevo, recién el Servel en diciembre nos estregó la resolución para poder participar en esta elección. En esta primera etapa participamos en 11 comunas en la región y queremos convencer a la ciudadanía de que somos capaces de tener una región sustentable, que cree en su gente y para todas y todos”, apuntó. El actual consejero regional por la provincia de Curicó reconoció que tienen pocos recursos y que su campaña se basa “en ideas, a través de redes y de nuestros candidatos, además del apoyo de personas de otras listas que no son de la federación”.


Constitución

En tanto, el abogado Roberto Celedón aparece como un candidato fuerte para la elección de constituyente. El profesional puntualizó que faltan cambios profundos en la carta fundamental. “Es decisivo el tema constitucional, pues es primera vez que el pueblo de Chile tiene la posibilidad histórica de elaborar su propia Constitución”, dijo. Agregó que las principales modificaciones se deben centrar en tener un “Estado de derecho democrático y social, donde los derechos como la educación, la salud, las pensiones o la vivienda sean un objetivo del Estado en cuanto a lograr la satisfacción de esos derechos que deben ser de acceso universal”.



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