La justicia determinó el pago de 56 millones de pesos para la familia de Víctor Abelardo Guerra Tapia, quien perdió la vida tras un mal diagnóstico y atención  en el Cesfam de Villa Prat, el 2 de noviembre de 2012, en la comuna de Sagrada Familia. Según la demanda, el paciente fue tramitado de una manera despiadada, sin acertar con el diagnóstico y lo que es peor sin tratar de enviarlo al hospital para un diagnóstico más certero. Solo a instancias de su cónyuge lo trasladaron a Molina, de ahí a Curicó y luego a Concepción, donde finalmente  falleció.
La abogada Ana María Lazo afirmó que la Municipalidad hizo un sumario administrativo donde sancionaron a los médicos y eso  permitió demandarla civilmente. “En octubre de 2014 doña Zoila Luz Navarro Castro presentó una demanda civil indemnizatoria en contra del municipio por la suma de 100 millones de pesos por el daño moral que ella experimentó como consecuencia de la muerte de su cónyuge”, dijo.

Negligencia

La profesional sostuvo que la muerte del paciente se debió a la falta de servicio cuando hay un actuar negligente. “En este caso de dos médicos que eran funcionarios del Cesfam de Villa Prat y Sagrada Familia, a consecuencia de lo cual este señor falleció. La sentencia del tribunal de letras de Molina acogió parcialmente la demanda y dispuso el pago de 50 millones de pesos, suma que al 1 de octubre de 2019 asciende a 56 millones 207 mil 294 pesos. La sentencia se encuentra ejecutoriada, es decir, está a firme y ya no hay ningún recurso en su contra”, acotó. En ese sentido, puntualizó que la Municipalidad apeló ante la Corte Suprema, pero sin éxito. “Fueron unos recursos de casación que fueron desechados, por lo tanto, la Municipalidad tiene que pagar esa suma de dinero”, aclaró.

Sin respuesta

Ana María Lazo sostuvo que el municipio debe pagar la indemnización como lo establece la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades,  “con un ajuste presupuestario, el cual debe ser autorizado por el concejo y hay varias normas legales que los ponen en la obligación y eso estoy tratando de lograr y no lo he podido hacer. Primero conversando con la Municipalidad en audiencias a través de la Ley del Lobby con el alcalde y luego envié una carta al alcalde y concejales, pero no he tenido respuesta”.

Disposición a pagar

Al ser consultado sobre el tema, el alcalde de Sagrada Familia, Martín Arriagada, indicó que “se trata de una situación que se heredó desde la administración edilicia anterior, ocurrió en ese periodo en que no se le dio respuesta a los afectados, lamentando además por todo lo que esta familia ha debido pasar y ante lo cual estuvimos en contacto con su abogada para coordinar como podíamos sacar adelante este tema. Agregó que está toda la disposición de cumplir lo que diga la justicia, no obstante “hay que recordar que hoy el país cruza por una complicada situación de la cual no escapa nuestra comuna, en el sentido de adoptar las acciones para prevenir que el contagio del Coronavirus llegue a Sagrada Familia y a este frente es al cual estamos abocando todos nuestros refuerzos y los recursos disponibles, es nuestra prioridad hoy,  la salud y la vida de la comunidad”.




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